El Pueblo Sikuani ubicado en el departamento del Vichada ha tenido que afrontar la transición del nomadismo a la sedentarización de manera violenta y traumática en los últimos 50 años. Esta situación se hizo evidente mediante el Auto 004 de 2009 proferido por la Corte Constitucional de Colombia que les declara en riesgo de extinción física y cultural junto con otros 33 pueblos indígenas en razón al conflicto armado interno. En la región, el narcotráfico y la confrontación bélica, han dejado una huella de corrupción en entidades estatales y en la forma de actuar de sus gobernantes. Nuevos conflictos emergen cada día en estos territorios entre el pueblo indígena, comunidades campesinas y colonas, inicialmente por temas de manejo del poder en relación con la tenencia y apropiación de la tierra, la cual en un proceso histórico documentado, se ha efectuado de manera ilegal o fraudulenta. Lo anterior puede verse en las 52 solicitudes sin resolver de titulación, ampliación y creación de resguardos y el inicio de procesos de restitución de tierras por el gobierno nacional, todo esto sumado a la presencia en la zona de empresas vinculadas a la explotación petrolera y agroindustrial que en los últimos 6 años han generado un clima de inestabilidad regional por operaciones abusivas, acaparamiento de tierras y desaceleración de las economías locales al entrar en crisis corporativas. Las empresas extractivas han aprovechado del poco conocimiento de las comunidades indígenas durante las consultas previas para hacer propuestas inmoderadas.

 

En este sentido, durante el tiempo de apoyo al trabajo de los resguardos, la Asociación de Cabildos Indígenas Kaliawirinae- ACIK y el Consejo de Mujeres Indígenas Sikuani Jumenindwa-COMISJU, han venido manifestando la necesidad de fortalecer más sus organizaciones y poder llamar a otros resguardos cercanos a hacer parte de ellas (en especial aquellos quienes se han visto envueltos por prácticas de clientelismo y corrupción), así como iniciar diálogos regionales con actores diversos: comunidades campesinas, y colonas, institucionalidad local, juntas de acción comunal, fincas productivas, partidos políticos, empresas, etc. Esta iniciativa es vista con mayor fuerza a través de los Acuerdos de Paz, puesto que, su implementación repercute en la dinámica regional de una paz estable y duradera que requiere el desarrollo de acciones que vinculen a todo el conglomerado social y político para los acercamientos que se lleven a cabo en la región con un fin último de consolidar el Programa de Desarrollo y Paz- PDP.

 

De ahí que la propuesta posee como antecedente y soporte el trabajo que CIASE y la Pastoral Social e Indígena han llevado a cabo en los resguardos El Merey, La Veredita, Chololobo Matatú, y Guacamayas Mamiyare del pueblo Sikuani, tomando como ejes transversales del proyecto la inclusión de la mujer y la juventud como protagonistas sociales y políticos dentro de sus comunidades y con el mundo exterior, la organización y liderazgo comunitarios, la soberanía alimentaria, la producción sostenible, la conservación ambiental y la apuesta metodológica de intercambio de saberes, diálogos inimaginables, diálogos posibles y desarrollo de capacidades para la paz.

 

Por lo anterior, el proyecto consiste en un ejercicio piloto, a través de una Escuela Demostrativa que fomente y fortalezca la producción limpia y sustentable con el ambiente, destinada al autoconsumo y a la generación de circuitos solidarios justos y solidarios,  de conocimiento de derechos de las mujeres,  las y los jóvenes, que aporte herramientas para la participación política, multicultural y democrática, la exigibilidad y generación de estrategias de incidencia con resguardos indígenas que permitan aportar a la superación del peligro y extinción física y cultural arriba indicado, así como la búsqueda de mejores condiciones de vida y realización de sus derechos plenos y el de las comunidades campesinas y colonas. También se pretende generar la sostenibilidad de dicha Escuela, a través de un proceso maduro de relacionamiento con y entre los diversos actores del territorio a nivel local, departamental, nacional e internacional, que a partir de la apropiación y visibilización de resultados, logre concretizar una serie de convenios y acuerdos para conseguir avales y recursos, además de crear productos y servicios derivados de sus diversas áreas de intervención.